DERECHO ADMINISTRATIVO

Brindamos asesoría en todo lo que se compete y corresponde al Derecho Administrativo, en forma general, todo tipo de procedimientos administrativos seguidos ante Ministerios, Organismos Regulares y Dependencias Públicas. Del mismo modo se brinda asesoramiento a entidades de la Administración Pública que desean tener una orientación y asesoría legal para el cumplimiento de sus funciones, en un marco de estricto respeto al derecho. Dentro de esta especialidad, el estudio cuenta con amplia experiencia en los siguientes temas:

Derecho Administrativo Sancionador: Brindamos asesoramiento sobre los procesos sancionadores iniciados ante los Tribunales de las distintas entidades del sector Público.

Sistema Nacional de Control: Patrocinio y asesoramiento jurídico durante los procesos de sanción a funcionarios públicos en la Contraloría General de la República, iniciados bajo lo ordenado por la Ley N° 29622 y su Reglamento. Brindamos la asesoría requerida para que el proceso se realice dentro del marco de legalidad y los plazos previstos en la norma especial.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Brindamos asesoría y apoyo en el diseño de estrategias procesales judicial. Patrocinio Judicial ante los distintos órganos jurisdiccionales, en procesos de naturaleza contencioso administrativo.

CONTRATACIONES ESTATALES

El estudio brinda asesoría legal a entidades públicas y proveedores en general, en temas relacionados con Licitaciones, Concursos y demás procesos de selección convocado por entidades públicas durante todas las fases de participación.

Además de asesoría en la suscripción del contrato, renegociación y modificaciones contractuales.

ARBITRAJE

El Estudio brinda asesoría legal y patrocinio durante el proceso arbitral, elaboración de estrategias para la debida protección de los intereses de nuestros clientes. Además, en el desarrollo de esta especialidad, también brindamos asesoría durante el proceso de anulación de laudo arbitral y la ejecución de laudos arbitrales.

DERECHO PENAL

El estudio se especializa en el patrocinio y defensa de los intereses de los funcionario públicos denunciados por delitos contenidos en el Título XVIII del Código Penal.